El Faro

OBLIGACIONES: Los arrendadores tendrán que obtener un número de registro y facilitar toda la información. LOS ANUNCIOS: Las plataformas deberán exigir que se identifiquen las viviendas con el código y que sea visible EN EL INMUEBLE. El registrador lo denegará si existe un veto en los estatutos de la comunidad de propietarios MÁS CONTROL: Se creará una ventanilla única digital que permitirá cruzar todos los datos entre todas las partes
▶ La medida del Ministerio entrará en vigor el 2 de enero y serán los registradores los que validen el inmueble ▶ El decreto regional incluirá la sentencia del Supremo que permite el veto de las comunidades
MADRID / SANTANDER. El Gobierno central intenta calmar las protestas por la vivienda con dos medidas sobre las que ya se estaba trabajando –y que, incluso, una ha provocado fricciones con Sumar, su socio–. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, informó ayer al Consejo de Ministros sobre el reglamento para regular las viviendas de uso turístico y de temporada. Este reglamento, una transposición de una directiva europea, entrará en vigor el 2 de enero del año que viene (con una fase en pruebas aún no delimitada) y obligará a que los propietarios de viviendas que quieran alquilar por periodos de corta duración tengan que incorporarlas a un registro único y obtener un código antes de comercializarlas por cualquier plataforma digital (como Airbnb o Booking, pero también las de otros portales y agencias). El asunto impacta directamente en el debate en Cantabria en torno a la futura regulación de los pisos turísticos. Con un borrador que llegó más tarde de lo previsto y entre críticas, la nueva norma del Ministerio tendrá consecuencias. Para muestra, un dato. El número de plazas en viviendas de uso turístico supera en Santander a la oferta hotelera, algo que ya publicó este periódico en 2023 y que ahora confirma Exceltur.
Según el real decreto –que se somete desde ayer a audiencia pública–, los arrendadores estarán obligados a obtener un número de registro, aportar la información requerida para su alta o renovación, atender los requerimientos de información y comunicar a las plataformas ese código que se les haya asignado por el Registro de la Propiedad. Y las plataformas, por su parte, deberán exigir a los arrendadores que identifiquen con este número sus viviendas y que sea visible en los anuncios.
«El Registro de la Propiedad va a poder certificar que esa vivienda cumple con las normativas locales y estatales, así como que la comunidad de propietarios ha aprobado que pueda haber pisos turísticos en el bloque», explicó Rodríguez. De esta forma, según la ministra, se consiguen dos objetivos. Por un lado, perseguir el fraude (en Cantabria se ha evidenciado una falta de medios para las inspecciones) y, por otro, poner coto a los alojamientos turísticos ilegales o de temporada fraudulentos. Eso y, como consecuencia, «movilizar un mayor parque de vivienda de alquiler residencial».
Si el piso no cumple los requisitos, el registrador le denegará el código. Además, de concederlo, tendrá una vigencia de doce meses. Tras ello, deberá solicitarse su renovación aportando un listado de los arrendamientos por
cada categoría constituidos durante ese año y, en el caso de los de temporada, una declaración responsable de que el alquiler temporal tenía causas justificadas –básicamente, laborales, médicas o de estudios–. Aquí se persigue detectar un habitual fraude de ley. Los sindicatos propusieron que este alquiler fuera inferior a seis meses, pero el Gobierno ha decidido que prime la causa. Si es por un curso académico pueden ser nueve meses, por un desplazamiento laboral podría ser mayor o por un tratamiento oncológico, por ejemplo.
Se creará una Ventanilla Única Digital de Arrendamientos a través de la que se regulará la recogida y el intercambio de datos. Ahí se conectará a las plataformas, los propietarios, los registradores y las administraciones. Y España, insistió la ministra, será pionera en la Unión Europea.
El registrador tendrá quince días para comprobar que el inmueble cumple y, si hay algo que subsanar, el propietario tendrá siete días. Las sanciones corresponderán a las comunidades autónomas, ayuntamientos o a la aplicación de la Ley de Consumo.
«Es algo positivo porque puede aportar seguridad y supone una restricción más contra los alojamientos ilegales, pero puede ser de difícil aplicación burocrática», valora Alberto Ruiz Capillas, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Cantabria.
Bono Joven
Por otro lado, el Consejo de Ministros aprobó la renovación del Bono Alquiler Joven, acordado en la conferencia sectorial con las comunidades autónomas, en el mismo importe (200 millones de euros anuales) que los dos años anteriores. Sumar considera que estas ayudas para los jóvenes (250 euros mensuales) solo benefician a los caseros, que suben los precios, dicen, sabiendo que los jóvenes tienen ese dinero.

Fuente: El Diario Montañés 16 octubre de 2024