El Faro

El Consejo de Ministros aprobó ayer el nuevo Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocido como plusvalía. El mismo vuelve a gravar las operaciones de venta, donación o sucesión de viviendas después de que el Tribunal Constitucional tumbase la anterior tasa por considerar ilegal el método de cálculo, que implicaba que algunos particulares tenían que pagarlo pese a no haber obtenido rédito con la operación.

Isabel Rodríguez García, ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, destacó en la rueda de prensa posterior al cónclave del Ejecutivo que el reinventado tributo, que gestionan los ayuntamientos, pueda solucionar esta cuestión y perfeccionar la anterior normativa. «Los ciudadanos no tendrán que pagar impuestos cuando no les corresponde», ha destacado Rodríguez. Esta es una de las principales novedades que añade la legislación pero no la única.

El decreto ofrece dos opciones diferentes para pagar la plusvalía. El importe a pagar se podrá calcular en función de la diferencia entre la compra y la venta o mediante unos nuevos coeficientes catastrales. En el primer caso la base se extraerá de multiplicar el valor catastral del suelo en el momento de la transmisión por el beneficio. Y a este se aplicará la cuota, con un tipo máximo del 30%.

En el segundo caso la base se extraerá de multiplicar el valor catastral del suelo en el momento de la transmisión por los coeficientes, que van del 0,13 en el caso de un año a 0,45 a partir de dos décadas, aunque no en todos los años es creciente al tener en cuenta la crisis económica. La portavoz del Gobierno incidió en que los mismos se actualizarán cada año ya que tienen que tener en cuenta la situación que vivía el mercado inmobiliario en ese momento.

Aunque esta es la norma general a seguir, los diferentes gobiernos locales tendrán cierto margen de maniobra y podrán quedarse con la base aprobada por el Gobierno o reducir ciertos márgenes. Contarán con la posibilidad de rebajar los valores catastrales hasta un 15% y dispondrán de medio año para adaptarse a la nueva normativa aunque se empezará a cobrar desde la publicación de la misma, que se espera para mañana. Así, se podrá adaptar el impuesto a cada circunstancia municipal, algo que ya se hacía con anterioridad.

Hay otras cuestiones que también introduce el decreto, como la novedad de gravar las operaciones que se hayan producido en menos de un año, algo que no contemplaba la anterior normativa. Un movimiento que busca luchar contra la especulación inmobiliaria.

Casos concretos: Estas operaciones pueden resultar complicadas pero otorgan margen de maniobra para elegir lo que se adapta mejor a cada caso. Por ejemplo, si una vivienda fue adquirida en 2014 por 250.000 euros y se vendió por 260.000 con un valor catastral del suelo de 20.000 será más beneficioso el primer supuesto, ya que se pagará 600 euros en lugar de 720.

Un caso en el que sería más beneficioso optar por los coeficientes será si adquirimos una vivienda en 2017 por 310.000 euros y la vendimos por 350.000 con un valor catastral del suelo de 60.000. Así, se abonarían 3.060 euros por la plusvalía en lugar de 7.200 del segundo sistema.

Fuente de ingresos: El proyecto se ha considerado una prioridad debido a que es una de las principales vías de ingresos municipales y, desde que el 26 de octubre fue declarado nulo, los consistorios habían dejado de percibir estos ingresos. De hecho, los que hayan materializado el traspaso durante estos días se habrán evitado este pago aunque como la solución se ha acelerado el Gobierno considera «que se han evitado distorsiones que se producirían en el caso de que no hubiera un marco legal».

Fuente: El Diario Montañés, 9 de noviembre de 2021